Podrán ayuntamientos otorgar contratos hasta por 30 años, sin aval del Congreso
Por Mónica Camacho
El gobernador Mario Marín Torres solicitó al Congreso local eliminar los candados que existen en la ley para permitir que los 217 ayuntamientos y la administración estatal contraten servicios y obras hasta por 30 años y entreguen bienes públicos a particulares, sin requerir el aval del Poder Legislativo.
Lo anterior generó este miércoles los primeros desacuerdos entre los integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y Hacienda que analizan la iniciativa, donde el principal opositor es el coordinador de Convergencia, José Juan Espinosa Torres, quien enfatizó que el proyecto “es una privatización disfrazada que generará deuda a municipios y entidades, por un plazo mayor al permitido por la normatividad”.
Como pocas veces en la legislatura, uno de los defensores de la propuesta del ejecutivo es el legislador panista Raymundo García García, quien comentó que los gobiernos deberán definir en los contratos las facultades de todas las partes involucradas, para impedir daños a sus finanzas.
Mario Marín envió el 31 de julio pasado al Poder Legislativo la propuesta de reformas y adiciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; a la Ley General de Bienes del Estado; y a la ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, para establecer y regularizar la figura de “Proyectos para Prestación de Servicios a Largo Plazo” (PPS).
De acuerdo con una de las tres iniciativas que envió el gobernador, los PPS consisten en que empresas o particulares prestarán servicios en las áreas de salud, educación, vialidades y transportes en un plazo que va de tres a 30 años, sobre bienes públicos o privados, a cambio de una contraprestación.
Los servicios serán contratados por los ayuntamientos y el gobierno estatal sin someter los proyectos a consideración del Poder Legislativo, a pesar de que la relación con la empresa puede abarcar hasta 5 gestiones estatales y 10 municipales.
A través de los “Proyectos para Prestación de Servicios a Largo Plazo”, los particulares podrán diseñar, disponer del espacio, operar, mantener o administrar bienes del sector privado y público.
Por lo anterior, José Juan Espinosa sostuvo que con estas modificaciones se abre la posibilidad de que propiedades del estado, como el Hospital General de Puebla, sean administradas por particulares, incrementando con esto el costo del servicio para los usuarios.
A lo anterior se le suma la autorización para que “el Ejecutivo... otorgue a los particulares, el uso y/o aprovechamiento de bienes de dominio público y privado”, sin contemplar el aval del Congreso del estado.
Además, aunque en la reforma a la Ley de Adquisiciones señala que la relación estado-empresa no comprometerá las finanzas de los gobiernos, en la Iniciativa de la Ley Estatal de Presupuesto (docto 2) se establece “que las obligaciones de pago derivadas de los contratos para la instrumentación de PPS se considerarán preferentes”.
Sin embargo, esta deuda será disfrazada pues se catalogará como gasto corriente e ingresará a los presupuestos anuales de los ayuntamientos y la administración estatal.
Al concluir la reunión de las comisiones unidas de Gobernación y Hacienda, José Juan Espinosa enfatizó que estas reformas le restan autoridad al Poder Legislativo, porque de ser aprobadas el Congreso sólo podrá autorizar los egresos del estado y de los municipios de manera general y no tendrá la facultad de revisar los contratos PPS que se firmen.
“Esto -advirtió- abre la posibilidad de los gobiernos municipales y el estado actúen de forma irresponsable y generen deuda más allá del plazo para el cual fueron electos”.
El líder de Convergencia en Puebla y en el Congreso local sostuvo que los PPS son favorables cuando se realizan para construir obra carretera e infraestructura deportiva y cultural.
No obstante, puntualizó que el gobierno pretende implementar estos proyectos en las áreas de salud y educación, a pesar de que invierte cada año más de 60% de su presupuesto en estos rubros.
Para hacer un contrapeso a los derechos que obtendrá el sector privado en caso de aplicar esta reforma, José Juan Espinosa propuso reducir de 30 a 15 años el plazo máximo de relación empresa-gobierno, así como impedir que los PPS se apliquen en los servicios de salud y educación que brinda el estado.
En tanto, Raymundo García comentó que la clave se encontrará en los contratos. “Si las empresas no cumplen con el contrato que firmen con los gobiernos municipales o el estado para prestar servicios o realizar obras, la relación se puede concluir”.
Sin embargo, precisó que para evitar que las administraciones asuman responsabilidades legales, deberán establecer de manera detallada las facultades que tendrá el gobierno del estado, las empresas y los ayuntamientos.
El secretario de la Comisión de Gobernación argumentó que los PPS ya son utilizados por la administración federal y entre sus proyectos se encuentra la carretera que se construye en la Sierra Norte del estado con dirección a Tuxpan y la autopista que se realiza en Chiapas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario